No esperen ver aplicada esta medida en el centro histórico Patrimonio de la Humanidad, sino en los barrios periféricos donde algunos vecinos ya venían quejándose en los últimos meses del deterioro en el servicio de iluminación.
Una vez más, peatones y ciclistas urbanos serán los principales damnificados, su visibilidad y previsibilidad corren el riesgo de ser todavía más precaria a lo largo de sus desplazamientos.
Los "responsables" políticos deben al menos 230 millones y estiman ahorrar 500.000 lereles por año con esta medida. Mientras tanto, algunos vecinos conscientes de que ahorrar no es apagar, han comenzado a pegar carteles como repulsa, este es un ejemplo junto al "carril bici" de la calle José María de Pereda, barrio del Ensanche:
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